En las últimas semanas observamos con preocupación distintas manifestaciones públicas, tanto en medios de comunicación como en redes sociales, en las que se cuestiona el costo de la energía eléctrica prestada por las cooperativas de servicios públicos.
Muchas de estas opiniones provienen de dirigentes o funcionarios que, en algunos casos, desconocen cómo funciona el mercado eléctrico provincial, cómo se conforman los costos de la distribución y cuál es el marco regulatorio vigente. Es importante recordar que las tarifas no son definidas por las cooperativas, sino que forman parte de un sistema regulado y controlado por el ERSeP.
También resulta injusto comparar de manera directa las tarifas de las cooperativas con las de grandes prestadores que operan en mercados completamente diferentes. Las cooperativas distribuyen energía en localidades pequeñas, con pocos usuarios, grandes extensiones geográficas y una importante cantidad de kilómetros de líneas rurales. Mientras abastecen aproximadamente al 30% de los usuarios del servicio eléctrico provincial, tienen la responsabilidad de operar y mantener redes que cubren cerca del 70% del territorio cordobés. Son realidades muy distintas a las de los grandes centros urbanos, donde la concentración de usuarios permite otras escalas operativas.
Las cooperativas prestan servicios en gran parte del territorio provincial y llegan a comunidades donde históricamente han sido protagonistas del desarrollo local. Allí donde existe una cooperativa no solo hay una empresa prestadora de servicios: hay una institución que genera empleo, impulsa inversiones y reinvierte sus recursos en beneficio de la propia comunidad. Porque las cooperativas pertenecen a sus socios, a los vecinos de cada localidad, y son ellos quienes tienen el derecho y la responsabilidad de decidir su futuro, del mismo modo que los ciudadanos eligen democráticamente a sus gobernantes.
Por eso, cuando hablamos de cooperativas hablamos también de salud, educación, cultura, deporte, conectividad, inclusión y desarrollo local. Los recursos que generan permanecen en cada localidad y vuelven transformados en obras, servicios y oportunidades para los vecinos.
Por el contrario, cuando los servicios son prestados por grandes empresas externas, los recursos suelen concentrarse fuera de las comunidades donde se generan, reduciendo el impacto positivo sobre el desarrollo local.
Plantear la desaparición de las cooperativas o minimizar su aporte resulta, cuanto menos, una mirada incompleta de la realidad.
No son tiempos de divisiones ni de enfrentamientos estériles. Son tiempos de construcción colectiva, de respeto institucional y de diálogo sincero. Los desafíos que enfrentan nuestras comunidades requieren consensos, información responsable y la búsqueda permanente de soluciones que prioricen el bienestar común.
Las cooperativas han demostrado durante décadas su compromiso con el interior provincial. Gracias al esfuerzo solidario de generaciones de asociados, llevaron energía eléctrica, agua potable, telecomunicaciones y otros servicios fundamentales a pueblos y ciudades que, bajo una lógica estrictamente comercial, hubieran quedado relegados o habrían debido esperar décadas para acceder a ellos. Hoy más que nunca debemos defender el diálogo, la verdad, el sentido común y el trabajo conjunto como herramientas para seguir construyendo comunidades más fuertes y con mayores oportunidades para todos.
